El ‘Manifiesto de Sigüenza’ insta a la Administración General del Estado a fomentar un desarrollo normativo que “promueva, reconozca y contemple la singularidad y las necesidades jurídicas específicas del mundo rural y que propicie un marco institucional menos complejo”.

Además,  se solicita la mejora de la financiación de las corporaciones locales teniendo como factor evaluable la despoblación, la dispersión, o la lejanía de la población a la obtención de servicios básicos.

“Ante un suministro rural, un recibo rural” en luz y telecomunicaciones

La segunda de las demandas tiene que ver con la garantía de “un mejor suministro eléctrico y de telecomunicaciones” de manera que se eviten cortes sistemáticos del fluido eléctrico, con las consiguientes pérdidas a particulares y a empresarios. “Tienen que promoverse por las Administraciones y empresas de servicios inversiones para rebajar en el próximo lustro la brecha digital” porque, aseveran, “el acceso a Redes de banda ancha y super-ancha es un objetivo irrenunciable para los territorios rurales”.

El Foro reclama que “ante un suministro rural, un recibo rural”. Es algo que consideran “de justicia” y que vaya acompañado de un bono del 25% sobre la potencia instalada y la energía consumida, de igual aplicación para los operadores de telefonía. “La energía que vamos a consumir en un futuro va a ser producida casi en su totalidad en el medio rural”, sostienen y por eso en el Foro se ha exigido “el inicio de una planificación energética que repercuta de forma favorable, social y económicamente en los territorios que van a sostener la actividad urbana e industrial”.

“Complemento económico del 25%” para funcionarios que trabajen en el medio rural

En tercer lugar se ha pedido que las administraciones públicas establezcan entre las diferentes carreras profesionales un complemento económico del 25% del salario por fijar la residencia de los empleados públicos en municipios rurales y que en los concursos o concurso-oposición, la residencia en un municipio rural se refleje como mérito en el baremo. En su opinión, esta medida evitaría la provisionalidad, rotaciones constantes y vacantes sistémicas entre los empleados públicos en el mundo rural. “Urge de manera especial un incremento de efectivos de la Guardia Civil en los territorios rurales”, reclaman por otro lado.

Redimensionar los regadíos y el trasvase Tajo-Segura

El agua es otro de los aspectos a tener en cuenta. “Guadalajara y Castilla-La Mancha han demostrado a la sociedad española una gran solidaridad a los largo de décadas” han recordado, para añadir que en  España cerca de la mitad de los ecosistemas acuáticos están en mal estado y el Tajo, dicen, “no es una excepción”.

“La agricultura, la ganadería y la industria de transformación que las acompaña también necesitan este recurso”, han explicado, y por eso exigen una “redimensión” de los proyectos de regadío, así como del trasvase Tajo-Segura y, proponen, una lámina mínima del 40% de los embalses de cabecera  además de urgir a la adopción de medidas medioambientales que preserven el cauce y caudal de Tajo Alto y Medio.

El Foro ha expresado también la necesidad de que la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) cuente con el desarrollo de un Reglamento específico que atienda las necesidades del mundo rural, aludiendo a “la compleja realidad del planeamiento urbanístico de los municipios pequeños” mediante las correcciones normativas que permitan la instalación de empresas “sin la necesidad de construir un polígono industrial”. El Foro reclama en este sentido una línea de ayudas específicas para promover la construcción y rehabilitación de viviendas y edificios con materiales más sostenibles y eficiencia energética en el entorno rural.

 La cuestión de la fiscalidad en el medio rural

Para los firmantes de este manifiesto “la fiscalidad debe sufrir una reducción tanto para el trabajador como para la empresa, debido al más alto coste que supone la producción en la zona rural”, entre otras razones, dicen, por el encarecimiento del transporte de materias primas, así como la salida de productos una vez fabricados o elaborados.

Se propone reducir en cinco puntos de la tabla de IRPF y de diez puntos a la imposición de la empresa. Así mismo se insta a la aplicación de un IVA al 0% en los productos de primera necesidad y de un 7% al resto.

También se plantean bonificaciones del 50% en la cuota de autónomos rurales y en la cotización por pymes de entornos rurales. En ambos casos, apuntan,  se producen unos gastos extras como el mayor coste de transporte, menor disponibilidad de materias primas o carencia de mano de obra cualificada.

“El comercio y la hostelería en el entorno rural es rentable únicamente los fines de semana y periodos vacacionales, por ello es necesario que las ayudas a la contratación sean tres veces superiores al resto de las zonas”, es decir, ayudas a la creación de empleo en las zonas rurales, incrementadas en 150% sobre el resto.

La feminización del mundo rural

 También se ha hablado del papel de la mujer en el medio rural. “Se ha producido de manera paulatina una masculinización del mundo rural sumado a una evolución negativa de crecimiento natural”, dice el manifiesto, en el que se recuerda que en  el medio rural existe “una marcada feminización de trabajadores no asalariados” y por eso reclama la universalidad de la cotitularidad de las explotaciones agrarias, donde la mujer ha trabajado hasta ahora sin ser beneficiaria de los derechos de la propiedad, sin tener acceso a bonificaciones o ayudas y teniendo que pedir permiso a la pareja incluso para gestiones ganaderas o agrarias comunes.

También se reclama apoyo a los productos locales y de temporada, con un etiquetado de origen obligatorio para los productos agroalimentarios como la miel, con el fin de ofrecer una correcta información a los consumidores. Además se solicitan planes de gestión y financiación apropiados que coadyuven y compatibilicen sectores como la agricultura, la caza o el turismo que favorezcan una gestión favorable y la conservación de los espacios naturales.

Finalmente, el Foro ha exigido que “el medio rural tenga servicios, recursos y oportunidades comparables al medio urbano” y consideran “imprescindible” establecer una Carta de prestación de servicios básicos de carácter obligatorio para las administraciones, a los que todos los demandantes tengan derecho en condiciones de igualdad independientemente de su lugar de residencia, estableciendo por Ley la dotación económica necesaria para su prestación.